Ignacio Campoy Cervera, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, afirmó ante la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea de Madrid, que no podemos seguir con una educación que hunde sus presupuestos en el siglo XIX.
Ignacio Campoy Cervera, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, afirmó ayer ante la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea de Madrid que en España en general, y en la Comunidad de Madrid en particular existe una violación sistemática del derecho a una educación inclusiva de calidad, y agregó que aunque la obligación jurídica para las Administraciones no puede ser más clara se sigue manteniendo un sistema educativo incompatible con el mismo.
Campoy señaló que nuestras normas siguen sin adaptarse a las exigencias de la Convención en una clara violación del Derecho Internacional y del Derecho Interno y la actual legislación supone una clara violación del derecho a la educación inclusiva en tanto que se reconoce la posibilidad de escolarizar dentro de la educación especial con la pretendida justificación de que eso sólo se hará cuando las necesidades del alumnado no puedan ser atendidas en el marco de atención a la diversidad en centros ordinarios, lo cual va en contra del artículo 24 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Para Campoy esta situación debería producirnos el mismo rechazo que si pretendiese decir que todos los niños y niñas tienen derecho a la educación salvo que sus circunstancias personales, sociales o económicas le impidan la asistencia al colegio. “Ni una cosa la aceptaríamos, ni la otra deberíamos aceptarla”. En este sentido, explicó que seguimos sin superar nuestros prejuicios sobre los niños en general y sobre los niños con discapacidad en particular. Seguimos viéndolos más por sus no capacidades que por sus capacidades, más como alguien que sufre una condición que le hace merecedor de lástima y una política social especial, que como alguien que tiene una condición personal y que tiene derecho a desarrollar plenamente su vida y puede aportar mucho a la sociedad”.
El profesor de la Carlos III indicó que si bien el problema legislativo es nacional, lo cierto es que a la Comunidad de Madrid le corresponde la competencia del desarrollo legislativo y la ejecución de una enseñanza por lo que tiene la obligación de que en su territorio todos los niños puedan ejercer su derecho a la educación en el mismo sistema de educación general, garantizándose la adaptación del sistema a las diversas necesidades educativas que presenta cada uno.
A su juicio, lo que hoy existe es una educación segregada en la que se excluye a determinados niños por sus condiciones especiales y se impide que el resto pueda enriquecerse con la experiencia educativa al separarles de ellos, y como mucho, se integra a alguno en centros ordinarios. Pero esto lo único que supone es integrar al mayor número de niños posible. Se les exige que sean ellos los que se adapten al sistema educativo, pero no pensando en ellos y eso no tiene nada que ver con la educación inclusiva.
Según Campoy, no se puede decir que la educación inclusiva no funcione, porque lo que se ha puesto en marcha es otra cosa distinta en la que la educación integrada no está preparada para incluir a los alumnos con discapacidad y esto sigue pasando, entre otras cosas, porque existe una mala concepción de lo que significa tomarse en serio la educación inclusiva de calidad, en buena parte, por los prejuicios arraigados en la sociedad y que hace que muchas veces no la gravedad del problema o incluso su propia existencia.
Para Campoy, la situación de la educación es muy mala en general e injusta y particularmente inexistente para muchos niños con discapacidad, lo cual es de extrema gravedad en tanto que supone mantener una sociedad injusta que segrega a los niños y que lo seguirá haciendo cuando sean adultos. El respeto a los principios democráticos y a las libertades fundamentales formará parte de los niños no porque se les enseñe intelectualmente en libros o con explicaciones sesudas, sino desde la experimentación en sus vidas, ejerciendo a una educación en igualdad de condiciones.
Por eso hay que cambiar el sistema educativo –recalcó-. No se puede seguir con una educación que hunde sus presupuestos en el siglo XIX y conforme a la cual se rechaza a los niños con otras capacidades diferentes a las exigidas en un sistema productivo concreto e inflexible.
Campoy, quien destacó que el derecho a la educación inclusiva de calidad es uno de los derechos humanos que más trascendencia tiene para todas las personas individualmente consideradas y para la sociedad en general, recordó que cuando comenzó la lucha por los derechos de la mujer, eran solo los derechos de la mujer, y hoy son los derechos de todos. De igual manera, dijo, los derechos de las personas con discapacidad nos benefician a todos, es un cambio de la sociedad confirme al modelo de los derechos humanos en el que todos saldremos beneficiados. Se trata de acometer una transformación educativa para todos y en beneficio de todos.
A este respecto, apuntó que lo importante no está en que el Banco Mundial diga que la educación inclusiva es más rentable económicamente que la segregada, porque de los que se trata es de hablar de derechos humanos y el objetivo no es el sistema económico, sino transformar la educación para no seguir poniendo parches en un sistema injusto. Según Campoy, no se puede decir que los niños son “más felices” en centros segregados, porque lo que ocurre es una adaptación biológica al entorno y se vulneran los derechos del niño a estar con sus iguales, y sus iguales, son el resto de niñas y niños.
Campoy apeló a los representantes políticos a que adapten la normativa de la Comunidad de Madrid para hacer efectivo el artículo 24 de la Convención de Derechos de las personas con discapacidad sin esperar a la siguiente legislatura y sin poner parches porque “los niños no esperan y el daño que se les produce es irreversible” y añadió que si bien es verdad que quedan muchas cosas por hacer y que las barreras parecen muchas veces insalvables, existe la obligación jurídica, pero también moral de hacerlo. Lo contrario, es violar uno de los derechos básicos humanos de todos los niños y construir una sociedad injusta y excluyente en la que se perpetúe la discriminación.