Plena Inclusión Madrid

Plena Inclusión Madrid pide a la Consejería y a los grupos parlamentarios mejoras en la red de atención a personas con discapacidad en los próximos presupuestos

  • De no tomarse medidas ahora, el mantenimiento de la actual red de centros puede ponerse en peligro y con ello la atención a miles de personas con discapacidad intelectual

Madrid, 19 de octubre de 2017.-  El presidente de Plena Inclusión Madrid (Federación de Organizaciones a favor de personas con discapacidad intelectual de Madrid), Mariano Casado pidió hoy a la Consejería de Políticas Sociales y Familia y a los grupos políticos parlamentarios que tengan sensibilidad suficiente para abordar mejoras en la red de atención a las personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid en los próximos presupuestos.

Casado explicó que los próximos presupuestos generales de la Comunidad de Madrid deben tratar de compensar los importantes recortes llevados a cabo durante estos años a raíz de la crisis y que ha puesto en serias dificultades de sostenibilidad a las entidades sociales sin ánimo de lucro.

El presidente apuntó que la actual red de centros de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo es fruto del trabajo conjunto entre la propia Comunidad y las organizaciones sociales de familias y un referente en toda España, pero –matizó- si queremos que de verdad siga siéndolo, es preciso abordar los problemas a los que nos enfrentamos.

En este sentido, recordó que la crisis afectó de manera muy importante a las entidades sin ánimo de lucro de Plena Inclusión Madrid en un momento en el que confluyeron varios factores como el aumento de las necesidades sociales del conjunto de la población, las restricciones presupuestarias importantes tanto de las administraciones públicas como de las entidades sociales, la falta de liquidez, el descenso de la actividad económica y la disminución de las aportaciones privadas.

El movimiento asociativo dio entonces ejemplo de solidaridad y compromiso con el mantenimiento de una red de atención al colectivo de personas con discapacidad intelectual creada con el esfuerzo de las familias durante muchos años y sostenida gracias, a la hasta ahora, estrecha colaboración entre las entidades sociales y la Comunidad de Madrid.

A pesar de las dificultades, las entidades han seguido trabajando con gran esfuerzo para garantizar, por encima de todo, la calidad de la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

A día de hoy, añadió, la situación comienza a ser insostenible por lo que apeló a la responsabilidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia y a los grupos parlamentarios a prestar atención urgente a esta cuestión, porque lo que está en juego es la calidad de atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se vería gravemente cercenada si no comienzan a tomarse medidas.

El presidente recordó que las entidades sociales, constituidas por familias de personas con discapacidad intelectual, han llegado al límite de su esfuerzo, y no podemos permitir que la inacción política nos lleve a una deriva en la que los verdaderos perjudicados serán personas con discapacidad intelectual que ya de por sí forman parte de un colectivo en riesgo de exclusión social.

Si no existe sensibilidad suficiente para abordar de manera urgente esta cuestión, se estará abocando a miles de personas a una situación de difícil justificación y en la que la responsabilidad recaerá directamente en las Administraciones al ignorar las demandas de un sector que ha dado muestras permanentes de lealtad y colaboración institucional.

Hemos llegado a un punto, afirmó el presidente, en el que hay que actuar de manera urgente para evitar que la situación del colectivo empeore de manera irreversible, sin perder de vista también una planificación a medio y largo plazo para evitar la repetición constante de situaciones similares.

En este sentido, Casado recordó que Plena Inclusión Madrid ha demandado también a la Comunidad de Madrid que se aborde un nuevo modelo de concierto social, posibilidad aplicable tras la directiva 2014/24/UE de 26 de febrero sobre Contratación Pública de la UE, que daría más estabilidad al sector y, por tanto, a la atención a los más de 34.000 madrileños y madrileñas con discapacidad intelectual o del desarrollo.