“No se cumple ninguna meta de desarrollo sostenible hasta que se cumpla para todos. Para tener éxito en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, las estrategias de desarrollo deben incluir a las personas con discapacidad. Esto significa que las personas con discapacidad deben participar y sus necesidades deben ser consideradas en el diseño, implementación y monitoreo de todas las políticas y programas públicos.” Catalina Devandas. Reportera Especial de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Para aquellos que trabajamos en cooperación al desarrollo nos son familiares los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). De una forma muy simple, se podrían definir como los objetivos sociales, medioambientales y económicos que se han establecido internacionalmente para eliminar la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos para el 2030. Son objetivos específicos que tanto países desarrollados, como en vías de desarrollo, se han comprometido a cumplir, con un enfoque de derechos humanos y bajo el lema “no dejar a nadie atrás”. ¿Nadie? Entonces esto sólo es posible si se incluye a las personas con discapacidad física e intelectual en los proyectos de desarrollo que se financien, en las políticas que se diseñen y demás intervenciones, tanto de forma transversal como con iniciativas específicas. Y esto, para los que trabajamos en cooperación al desarrollo, desafortunadamente NO es algo ni familiar ni común.
Dado que hasta ahora los organismos, profesionales, y gobiernos que trabajan por diseñar intervenciones que favorezcan el desarrollo económico y social de un país no han considerado en general a las personas con discapacidad más allá de ciertas intervenciones puntuales, la reportera especial del Consejo de Derechos Humanos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas-Aguilar, ha publicado recientemente un informe para guiar en el diseño de políticas inclusivas que beneficien también a las personas con discapacidad, siguiendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que contribuyan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este informe señala que el desarrollo de los países debería aumentar las opciones de los ciudadanos y construir sociedades más inclusivas y equitativas que promuevan y protejan los derechos de todas las personas. Las intervenciones dirigidas a promover el desarrollo no pueden ignorar por tanto las discriminaciones y barreras que ya enfrentan las personas con discapacidad, desde leyes y políticas discriminatorias, prácticas de segregación, falta de servicios adecuados, a barreras físicas, de transporte, sin olvidar los prejuicios de la sociedad. Por esto, y por el coste adicional que suele suponer tener una discapacidad sea física o intelectual, es ya un consenso que hay una correlación directa entre tener una discapacidad y estar en situación de pobreza. Una proporción mucho mayor de las personas con discapacidad están en situación de pobreza, y la pobreza a su vez es causa de muchas discapacidades que podrían haberse evitado. Y no sólo los individuos y sus familias se ven afectados, sino que, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, excluir a las personas con discapacidad del mercado laboral supone entre 1 a 7% de producto interior bruto de un país.
Por ello, los Estados de países desarrollados y en desarrollo deben tener en cuenta a toda su población a la hora de diseñar e implementar políticas, que para que sean inclusivas el informe establece tres pautas fundamentales:
- En primer lugar, el país debe contar con un marco legal que prohíba explícitamente toda discriminación, en cualquier ámbito, hacia las personas con discapacidad. Esto incluye la obligación de hacer ajustes razonables cuando sea necesario para no dejar fuera a personas con discapacidad. Para que este punto pueda ser efectivo es necesario dedicar fondos y entrenar al personal público sobre su implementación.
- El segundo pilar es la accesibilidad, de forma que se permita disfrutar a las personas con discapacidad como al resto de ciudadanos, de los programas, políticas, servicios etc que el gobierno y sector privado estén ofreciendo. Para ello es fundamental implantar el diseño universal en bienes y servicios, lo cual significa tener en cuenta las necesidades de todos los ciudadanos antes de ejecutar un programa o diseñar un edificio o bien. Se ha estimado que adaptar la construcción a través del diseño universal no suele suponer más de 1% adicional de coste, mientras que los beneficios son inmensos. Normalmente, el diseño universal no sólo permite el acceso y uso a personas con discapacidad, si no que la adaptación en el diseño beneficia a otros grupos de ciudadanos, como ancianos, padres, niños, personas lesionadas etc. Por ello, los gobiernos deben apoyar el diseño universal tanto en obras públicas como privadas, e incluir su aprendizaje en las carreras de ingeniería para garantizar su adopción generalizada a futuro. Adicionalmente, entre otras acciones necesarias para alcanzar la accesibilidad, se necesita promover un cambio de percepción hacia las personas con discapacidad, creando una sociedad inclusiva que acepte la diversidad de sus ciudadanos y vea las capacidades y valor que pueden aportar cada uno de ellos, eliminando por tanto cualquier referencia de menosprecio o discriminación.
- El tercer elemento clave es el diseño y financiación de servicios y recursos específicos que apoyen la autonomía e inclusión de las personas con discapacidad. Los aparatos de asistencia pueden ser desde alta tecnología hasta artefactos más simples y baratos. En cualquier caso, suelen ser fundamentales para muchas personas con discapacidad para realizar sus tareas diarias. Por ello, deben estar al alcance y ser asequibles, con intervención del estado si fuera necesario. Por ejemplo, para aquellos aparatos de asistencia que se consideran clave en un país pero que son importados, el gobierno podría eliminar cualquier impuesto o arancel. Y para aquellas empresas nacionales que diseñan y ofrecen este tipo de bienes, el Estado podría otorgar subvenciones para que continúen con su desarrollo y puedan ofrecer los productos a un precio asequible. Por otro lado, se deben establecer unas guías mínimas y éticas para la prestación de servicios de apoyo, de forma que las personas con discapacidad cuenten con profesionales de confianza a su alcance y puedan elegir el apoyo que mejor cubra sus necesidades.
Para que realmente se pongan en práctica estos pilares y haya un impacto real en la vida de las personas con discapacidad, es necesario que se establezcan responsabilidades claras (quién hace qué), coordinación entre sectores y a nivel local y nacional (e incluso internacional), otorgar un presupuesto claro para estos fines, así como establecer metas, sistemas de monitoreo, y formar a los profesionales públicos y privados. Y siempre, antes de diseñar cualquier reforma general o diseñar un programa específico, se debe involucrar a las propias personas con discapacidad y a las organizaciones que los representan.
Dado que se precisa de fondos y de conocimiento específico para poner en marcha estas medidas, el apoyo de la cooperación internacional es fundamental para muchos países para poder alcanzar estos objetivos, dentro del marco de los ODS. De hecho, todo Estado que haya firmado y ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) se ha comprometido a que sus acciones de cooperación internacional (financiación de proyectos, aportación a fondos, apoyo a políticas, transferencia de conocimiento etc) o la recepción y ejecución de dicha cooperación internacional, cumplan las disposiciones de la Convención.
Los organismos internacionales, profesionales de cooperación internacional, los Estados prestadores y prestatarios, donantes y receptores de fondos para el desarrollo internacional, así como ONGs y el sector privado, en sus esfuerzos por cumplir los ODS para 2030, no pueden por tanto incumplir dicho compromiso adquirido en la CDPD. Pero es que además esta vez las personas con discapacidad están mencionadas tanto directamente como indirectamente en dichos nuevos objetivos de desarrollo, y se han incluido indicadores específicos (si bien pocos, sólo 9 de 200) sobre la situación de las personas con discapacidad. Es una oportunidad única para incluir a esta parte de la población que hasta ahora ha estado ausente en la cooperación internacional y en la reforma de políticas en general. Si el objetivo es no dejar a nadie atrás, debemos ser conscientes de la diversidad de la sociedad y actuar en consecuencia.
Cristina López Mayher, Técnico Comercial y Economista del Estado, con un máster en Gestión del Desarrollo Internacional por la American University (Washington DC).
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